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Dina Boluarte elige a Ernesto Blume y García Belaunde como sus abogados en el caso Rolex ante el Tribunal Constitucional. - PUNORED

Dina Boluarte elige a Ernesto Blume y García Belaunde como sus abogados en el caso Rolex ante el Tribunal Constitucional.

24 Julio, 2024 - 124 Visitas

Dina Boluarte ha designado a Ernesto Blume y Domingo García Belaunde como sus representantes legales ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación al caso Rolex, con el objetivo de detener las investigaciones en su contra.

Los abogados, conocidos por su vínculo con el fujimorismo, se presentaron ante el TC en el marco de un habeas corpus presentado por Boluarte, con la intención de invalidar las indagaciones realizadas en el caso Rolex.

El caso Rolex se refiere a la investigación iniciada por la Fiscalía sobre la posesión de relojes de lujo y joyas por parte de Boluarte, cuestionando su origen y si fueron debidamente declarados.

La controversia surgió cuando se evidenció a la presidenta luciendo relojes de alta gama en eventos oficiales, lo que generó interrogantes sobre cómo los adquirió con su salario como funcionaria pública.

Ernesto Blume, al defender a Boluarte, argumenta que la presidenta está siendo objeto de un tratamiento injusto por parte del Ministerio Público, sosteniendo que quien ocupa la presidencia merece respeto por representar al país.

El ex miembro del TC afirma que “los ultras y los caviares están aprovechando a la presidenta como un chivo expiatorio”. Este planteamiento ha sido criticado por carecer de bases jurídicas sólidas.

La Fiscalía ha realizado allanamientos y solicitado información sobre las compras de Boluarte, investigando también a funcionarios cercanos por posibles casos de enriquecimiento ilícito.

El Poder Judicial ya ha confirmado la incautación de un par de aretes de oro y diamantes, supuestamente adquiridos para Boluarte por el exgobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

La estrategia legal de Boluarte ante el TC es vista como un intento de detener las investigaciones en su contra. Críticos argumentan que esto podría sentar un precedente peligroso de impunidad para altos funcionarios.

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