Los jueces tienen la autoridad legal para evitar la aplicación de la ley que perdona los crímenes de lesa humanidad.
La periodista Jacqueline Fowks ha indicado que los jueces peruanos tienen dos herramientas legales importantes para no aplicar la reciente ley que establece los delitos de lesa humanidad anteriores al 1 de julio de 2002.
De acuerdo con Fowks, la primera herramienta es el “control difuso”, que les permite a los jueces no aplicar normativas que consideren inconstitucionales, ya que esta ley va en contra de la Constitución peruana. La segunda herramienta es el “control de convencionalidad”, relacionado con la Convención Americana de Derechos Humanos a la que Perú se ha comprometido. Fowks destaca que estos tratados internacionales son parte del derecho nacional según la Constitución.
La periodista alerta que la aplicación de esta ley podría afectar alrededor de 600 casos de crímenes de lesa humanidad, aunque la decisión final queda en manos de los jueces. Hasta ahora, se han registrado 35 condenas por estos crímenes en Perú, la mayoría contra miembros de las fuerzas del orden y algunos contra miembros de Sendero Luminoso.
Fowks advierte que la nueva ley podría ser aprovechada tanto por abogados de militares condenados como por defensores de terroristas para solicitar la revisión de las condenas. Por otro lado, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han criticado duramente esta ley, señalando que podría poner a Perú en el grupo de países que no cumplen con sus compromisos en materia de derechos humanos a nivel interamericano.
