El Ministerio Público presenta una demanda contra el Congreso por ley que establece plazos de prescripción para delitos de lesa humanidad.
El Ministerio Público ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para anular la ley aprobada por el Congreso de la República, la cual establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad anteriores al 1 de julio de 2002. Según el abogado Cristian Palomino, esta ley parece estar diseñada específicamente para favorecer al expresidente Alberto Fujimori, quien es uno de los pocos acusados por este tipo de crímenes en el país.
Palomino ha expresado su preocupación por la tendencia del Congreso a aprobar leyes con beneficiarios específicos, lo cual perjudica la reputación de este poder del Estado.
En un sistema presidencialista como el peruano, los organismos autónomos como el Ministerio Público tienen la autoridad para impugnar leyes que consideren inconstitucionales. La demanda presentada por el Ministerio Público argumenta que la ley va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos al permitir impunidad para las víctimas y sus familias. Palomino está de acuerdo con este argumento, ya que la prescripción de delitos tan graves como los de lesa humanidad, que incluyen torturas y violaciones a los derechos fundamentales, es una violación a los derechos humanos.
