Los inversionistas se preocupan por la huelga judicial provocada por la reforma de AMLO en México debido a la crisis.

Los jueces y magistrados de México han decidido unirse al paro indefinido de labores iniciado por empleados del Poder Judicial en protesta contra una reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La huelga, que comenzó el miércoles 21 de agosto, busca detener una iniciativa que, según los manifestantes, vulnera sus derechos y elimina la carrera judicial.

El aspecto más controversial de la reforma plantea la elección de alrededor de 7,000 ministros, magistrados y jueces por voto popular, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte en junio de 2025. Juana Fuentes, líder del gremio de magistrados y jueces, ha advertido sobre la posibilidad de una “crisis constitucional sin precedentes” si la reforma no es detenida.

AMLO argumenta que la transformación del sistema de justicia es necesaria porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defiende la propuesta como una medida para combatir la impunidad. Sin embargo, los trabajadores judiciales temen que la reforma genere presión por parte de grupos de poder.

La iniciativa ha generado preocupación entre inversores, quienes temen que debilite los contrapesos del Poder Ejecutivo y perjudique el clima de negocios en México. Además, hay dudas sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo comercial de Norteamérica (TMEC). Sheinbaum asegura que la reforma no viola el TMEC, argumentando que el tratado no detalla la estructura de las instituciones judiciales.

Los mercados financieros han reaccionado de manera negativa a la polémica iniciativa. El peso mexicano y la bolsa han retrocedido ante la inminente aprobación de la reforma. Morgan Stanley ha ajustado a la baja su pronóstico para el mercado accionario mexicano, siendo este el primer impacto directo negativo en los mercados locales debido a esta propuesta.

A pesar de los intentos del Gobierno por suavizar la reforma con más de 100 modificaciones, expertos coinciden en que los cambios principales no alteran la esencia de la iniciativa original. La situación ha abierto un debate sobre el futuro del sistema judicial mexicano y su impacto en la economía del país, con expertos advirtiendo sobre los riesgos que podrían representar cambios profundos en la estructura de justicia para la seguridad jurídica de las inversiones.