El gobierno peruano pretende regular las ONGs y la participación de la sociedad civil en un contexto de políticas más conservadoras.

En el Perú se está observando un aumento hacia posturas de derecha y autoritarismo, lo que está llevando a un cierre gradual del régimen democrático. El gobierno busca ejercer control sobre las ONGs, a pesar de que desempeñan labores importantes en educación, salud y asistencia social, áreas en las que el Estado no cumple de manera eficaz debido a la corrupción. Así lo afirmó Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estas organizaciones brindan servicios esenciales en zonas remotas, donde el Estado no llega adecuadamente. Sin embargo, el Ejecutivo busca regularlas bajo el pretexto de actividad política, poniendo en peligro a entidades como la Coordinadora de Derechos Humanos, que vela por los derechos humanos de los ciudadanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que la intención del gobierno de controlar a la sociedad civil corresponde a una aspiración de gobernantes autoritarios de limitar las contribuciones de la ciudadanía en lugar de aprovecharlas. Este intento de control representa una amenaza para la democracia peruana. El proyecto de ley anti-ONG impulsado por la bancada fujimorista busca regular drásticamente a las ONGs bajo pretextos dudosos, lo que constituye un grave riesgo para la democracia y la participación ciudadana en el Perú.