13 años después, aún no se ha hecho justicia por la masacre de los habitantes de Azángaro en el aeropuerto de Juliaca.
A 13 años de la tragedia en el aeropuerto de Juliaca, las familias de las víctimas siguen buscando justicia. Durante una protesta contra la contaminación de la cuenca del Ramis en junio de 2011, seis personas murieron y más de 60 resultaron heridas por la intervención policial.
El presidente de la Asociación de Víctimas, Ronald Huamán, y el abogado Carlos Torres Rodríguez lideran la lucha por la justicia. Se espera que el caso finalmente vaya a juicio el 15 de julio, donde tres altos mandos policiales serán juzgados por homicidio y lesiones graves.
Los imputados incluyen a Raúl Rosas Bejarano, Enrique Dávila Ordóñez y Oscar Daniel Espinoza Herrera, quienes dirigieron la represión. El abogado Torres ha denunciado amenazas y pedirá garantías para su seguridad.
Las familias de las víctimas se sienten frustradas por la falta de apoyo del Estado y las autoridades locales. No han recibido compensación económica y la contaminación en la cuenca del Ramis continúa, mientras las empresas mineras operan en la zona.
