Defensor de Dina Boluarte argumenta que la represión en las protestas fue necesaria: ¡Las manifestaciones no eran pacíficas!

Durante el período comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Perú fue escenario de intensas protestas después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Estas manifestaciones, que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, fueron reprimidas de manera violenta por las fuerzas policiales y el ejército. Como resultado, se reportaron 61 personas fallecidas, incluyendo 49 civiles presuntamente asesinados por las fuerzas del orden, y más de 970 heridos.

Una investigación realizada por The New York Times reveló el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército peruano contra los manifestantes. Se documentaron casos en los que se utilizó munición letal contra civiles desarmados y se efectuaron disparos indiscriminados, violando los propios protocolos de las fuerzas de seguridad.

Los incidentes más graves ocurrieron en distintas localidades como Ayacucho, Cusco, Juliaca y Macusani, donde hubo un elevado número de muertes a causa de armas de fuego. Se constató que la policía y el ejército emplearon fusiles de asalto Galil, escopetas con munición letal y rifles Kalashnikov durante las protestas.

En este contexto, Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, rechazó rotundamente denominar a estos eventos como “protestas”, argumentando que no cumplieron con los criterios constitucionales y convencionales para ser consideradas como tales. Campos hizo hincapié en la diferencia entre protestas legítimas y lo que él califica como “manifestaciones violentas”, señalando que la protección constitucional solo aplica cuando se ejerce de manera pacífica.

El abogado comparó las manifestaciones con un intento de golpe de Estado y justificó las acciones gubernamentales como necesarias para controlar lo que considera manifestaciones violentas, a pesar de lamentar las muertes ocurridas durante esos eventos.