Calificación de “medida desesperada” para la declaratoria de emergencia en Juliaca.

El gobierno de Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en Juliaca, lo cual ha generado opiniones encontradas. El abogado Iván Trujillo ha calificado esta medida como una acción desesperada del gobierno, sugiriendo que podría estar más enfocada en contener las protestas sociales programadas para finales de julio que en combatir la delincuencia.

Trujillo ha señalado posibles contradicciones en la decisión, ya que el jefe policial de Puno, Pedro Ortiz Casaverde, había mencionado que los índices de criminalidad en Juliaca habían disminuido recientemente. Sin embargo, el informe citado en la medida muestra lo contrario.

El decreto implica la suspensión de ciertos derechos fundamentales, como limitaciones a la libertad de movimiento a nivel nacional. Trujillo cuestiona la efectividad de esta medida en la lucha contra la inseguridad en la ciudad y su impacto en la movilidad de los ciudadanos hacia otras regiones.

Además, el analista observa que la norma establece una prohibición total a la libertad de reunión sin especificar horarios, lo que interpreta como una restricción a las reuniones pacíficas durante las 24 horas del día.

Esta declaración de emergencia ha generado debate sobre su justificación y consecuencias, así como sobre cómo afectaría los derechos de los ciudadanos en Juliaca.