Califican la declaratoria de emergencia en Juliaca como una medida extrema.

El gobierno de Dina Boluarte ha anunciado el estado de emergencia en Juliaca, una decisión que ha provocado diversas reacciones. El abogado Iván Trujillo ha descrito esta medida como un acto de desesperación por parte del gobierno, sugiriendo que podría estar dirigida más a contener las protestas sociales programadas para finales de julio que a combatir la delincuencia.

Trujillo ha señalado que existen contradicciones en la resolución, ya que el jefe policial de Puno, Pedro Ortiz Casaverde, había informado previamente que los índices de criminalidad en Juliaca habían disminuido, mientras que el informe citado en la resolución indica lo contrario.

El decreto impone restricciones a ciertos derechos fundamentales, como limitaciones a la libertad de movimiento a nivel nacional. Trujillo cuestiona la efectividad de esta medida en la lucha contra la inseguridad local y su impacto en la movilidad de los ciudadanos a otras regiones.

Asimismo, el analista ha notado que la normativa establece una prohibición total a la libertad de reunión sin especificar horarios, lo que interpreta como una prohibición de reuniones pacíficas durante todo el día.

Esta declaración de emergencia ha desencadenado un debate sobre su necesidad y alcance, así como sobre sus posibles implicaciones para los derechos de los ciudadanos en Juliaca.