El Congreso adquiere mayor autoridad sobre el presupuesto, concentrando el poder y modificando las inversiones.

El Congreso peruano ha obtenido la autorización para proponer gastos públicos, una facultad que solía estar en manos exclusivas del Ministerio de Economía y Finanzas, respaldada por el Tribunal Constitucional. Según el economista Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana, esta decisión ha permitido a los congresistas presentar proyectos con costos elevados, alterando así la planificación de inversiones a largo plazo.

En una entrevista en Razón Libre de Pachamama Radio, Baca mencionó que el actual gobierno, liderado por una coalición de fujimoristas en la que Dina Boluarte es vista como una figura simbólica y cómplice, ha centralizado aún más las decisiones políticas y económicas, generando preocupación por la concentración del poder y la distorsión en la asignación de recursos públicos.

A pesar de esto, los gobiernos locales y regionales mantienen cierta autonomía gracias al canon minero y gasífero, así como al Fondo de Compensación Regional (FONCOR). Este último, equivalente al dos por ciento del IGV, asigna importantes sumas a los gobiernos regionales, especialmente a aquellos que no reciben ingresos del canon.

En menor medida, el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) también brinda apoyo a las municipalidades. Sin embargo, el canon y las regalías no benefician por igual a todas las regiones, concentrándose en aquellas con explotación significativa de recursos naturales como petróleo, gas o minería, lo que genera desigualdades en la distribución de recursos a nivel nacional.