El Congreso podría recurrir a un organismo internacional como último recurso para detener su comportamiento destructivo.

El especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Miguel Purizaga, señaló que la presión internacional podría ser la última esperanza para detener los proyectos de ley impulsados por el Congreso que ponen en riesgo el Estado de derecho en nuestro país.

Purizaga indicó que la intervención de embajadas en contra de la modificación en la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia es un ejemplo de cómo la presión internacional podría ser necesaria para frenar la actuación desmedida del Legislativo.

El experto expresó su preocupación por la falta de actuación del Tribunal Constitucional, que antes era la instancia final para determinar la inconstitucionalidad de leyes, y ahora parece estar alineado con los intereses del Congreso.

Además, criticó que el actual Defensor del Pueblo, designado por el Congreso, no haya defendido los derechos de la ciudadanía frente a estos proyectos legislativos, lo que según él, deja a la población con pocas opciones más que manifestarse en las calles o recurrir a organismos internacionales para denunciar la situación.