El presidente firma controvertida ley que acorta plazos de prescripción en juicios penales

El 28 de julio de 2024, el gobierno peruano promulgó la Ley N° 32104 que modifica la aplicación de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, reduciendo el periodo máximo de suspensión a un año. Esta medida ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad peruana.

La nueva normativa establece que la prescripción de la acción penal se considerará en suspenso cuando el inicio o continuación del proceso dependa de una cuestión a resolver en otro procedimiento, pero con un límite de un año de suspensión máximo. Esto ha generado alarmas entre expertos en anticorrupción y grupos de la sociedad civil.

Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley N° 32104 es su potencial impacto en casos de corrupción de alto perfil, ya que el plazo de un año podría ser insuficiente para investigaciones complejas que involucren a funcionarios públicos. Existe el temor de que esta limitación temporal obstruya la justicia en casos de corrupción que necesitan investigaciones prolongadas y minuciosas.

Analistas advierten que la nueva legislación podría ser usada como un medio para evitar la responsabilidad penal y permitir que casos complejos prescriban antes de ser investigados y llevados a juicio. Defensores de la transparencia y la lucha anticorrupción argumentan que esta medida podría representar un retroceso en los esfuerzos por combatir la impunidad en Perú.

A pesar de las intenciones de la ley de promover la eficiencia judicial y respetar los derechos de los acusados, la sociedad civil y organizaciones de vigilancia están pidiendo una revisión de la normativa, destacando que la lucha contra la corrupción requiere herramientas legales robustas y plazos adecuados para investigaciones exhaustivas y procesos judiciales efectivos.