Especialista alerta sobre el impacto de la minería ilegal en el gobierno de Perú.

Según Fredy Vilca, la crisis generada por la minería ilegal y otras actividades ilícitas en Perú está promoviendo economías ilegales dentro de varias instituciones estatales. Destacó que la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías informales son negocios muy rentables que han logrado establecer importantes micropoderes.

Vilca afirmó que estos grupos tienen la capacidad financiera para infiltrar a funcionarios en todos los niveles del gobierno, desde policías locales hasta gobiernos regionales y posiblemente en la sede central del Ejecutivo y del Legislativo. También sugirió que el poder judicial podría estar comprometido.

El analista cuestionó la presencia de Heriberto Benítez en el Tribunal Constitucional y comparó su perfil con el de asesores jurídicos de reconocida experiencia académica. Indicó que esto podría señalar la influencia de intereses ajenos al ámbito jurídico en las altas esferas del Estado.

Vilca citó las declaraciones del periodista Jaime Antesana sobre la existencia de un “narcoestado”, sugiriendo que estas afirmaciones podrían estar respaldadas por fuentes confiables. Asimismo, mencionó la presencia de representantes de economías ilegales en el Congreso y denuncias previas sobre la asociación del presidente del Congreso con estos grupos. Advirtió que los partidos políticos podrían estar siendo utilizados como medios para que estos intereses lleguen al poder legislativo.