Inicio de juicio por asesinato de campesinos en caso Cuenca Ramis tras 14 años de batalla legal.
El abogado Carlos Torres, representante de las víctimas del caso Cuenca Ramis, informó que se ha dado inicio al juicio contra dos comandantes y un general por el asesinato de seis pobladores rurales y 60 heridos durante una protesta en Puno en junio de 2011.
Después de 14 años de espera, el proceso judicial comenzó en Juliaca y está siendo dirigido por un colegiado de jueces en quienes Torres confía plenamente. Los acusados son el general Ever Rosas Bejarano y los ex comandantes Dávila y Medina.
Torres ha estado defendiendo a las víctimas desde el principio del caso sin recibir honorarios. Destacó el trabajo inicial del fiscal Juan Salinas Cuadros, fallecido, que permitió establecer la estructura de mando policial a través de la captura del plan de operaciones.
A pesar de obstáculos y dilaciones en la investigación, las víctimas y sus familias lograron evitar que el caso se archive. El fiscal Ernesto Callao fue clave en formalizar la acusación, aportando testimonios, documentos y videos que muestran cómo se ordenaba disparar a la cabeza de los manifestantes.
El largo proceso ha afectado profundamente a las familias de las víctimas, quienes han permanecido unidas y apoyándose mutuamente durante estos años de lucha. A pesar de la gravedad del caso, el Estado no ha brindado apoyo a las víctimas ni a sus familias en términos psicológicos, económicos o educativos.
Torres describió sus propias experiencias de persecución y acoso tras los eventos, siendo constantemente vigilado por la policía e inteligencia militar. Lamentó la lentitud de la justicia en Perú y la falta de apoyo a las víctimas.
A pesar de las dificultades, Torres y las familias de las víctimas mantienen la esperanza de lograr justicia en este juicio que se espera dure entre tres y cuatro meses. El abogado enfatizó que no buscan venganza, sino justicia y esclarecimiento de los hechos.
El caso Cuenca Ramis pone de manifiesto las serias consecuencias de la minería ilegal e informal en la zona, así como la represión violenta contra protestas legítimas. Torres instó a los medios de comunicación a seguir de cerca el juicio y apoyar la búsqueda de justicia para las víctimas.
