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Reacciones inmediatas causadas por la ley que establece el límite de tiempo para enjuiciar delitos de lesa humanidad - PUNORED

Reacciones inmediatas causadas por la ley que establece el límite de tiempo para enjuiciar delitos de lesa humanidad

5 Julio, 2024 - 33 Visitas

La reciente aprobación en segunda legislatura del Congreso de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad ha provocado diversas reacciones. Fredy Vilca, abogado, expresó que esta normativa podría afectar tanto a los acusados como a las víctimas, generando controversia en la sociedad.

En una entrevista con Democracia Total de Pachamama Radio, Vilca explicó que la ley fue respaldada por un grupo conservador del Congreso, quienes argumentan que ayudará a pacificar el país. Sin embargo, él advierte que podría tener el efecto contrario, aumentando las divisiones y provocando más conflictos sociales.

Vilca defiende el derecho de todas las personas a un juicio en un tiempo razonable, un principio reconocido a nivel internacional. A pesar de esto, destaca la importancia de equilibrar este derecho con las necesidades de las víctimas que buscan verdad y justicia por crímenes aún sin resolver.

El abogado señaló que la ley permitiría la prescripción de delitos de lesa humanidad, lo que beneficiaría a personas procesadas o condenadas por estos crímenes, propiciando la impunidad. Además, los condenados podrían solicitar la revisión de sus sentencias amparados en esta nueva ley, lo que en muchos casos podría resultar en el sobreseimiento de los casos.

Vilca resalta que esta ley, que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, podría tener un impacto significativo en el sistema judicial y la percepción de justicia en el país. Él enfatiza que, más allá de las implicaciones legales, la ley tiene el carácter de una amnistía, lo cual es polémico en casos de delitos graves como los de lesa humanidad.

El abogado concluye que la implementación de esta ley podría llevar a la revisión de sentencias previas e incluso a la revocación de condenas firmes, lo cual, según su análisis, representaría un retroceso en la lucha contra la impunidad y en la protección de los derechos humanos en el Perú.